En el marco de un nuevo aniversario de la Ley Indígena el 05 de octubre se realizó una reunión en la ciudad de Temuco con las trabajadoras y trabajadores del Programa Promoción e Información de los Derechos Indígenas – PIDI, quienes plantearon a la Anfuco la situación de vulnerabilidad laboral en que se encuentran actualmente.

La instancia fue convocada por lxs propixs trabajadorxs para dar a conocer a la directiva nacional de ANFUCO, la precariedad en la que se encuentra la mayoría de quienes se desempeñan en el PIDI, pues de un total de 41 personas funcionarias, pertenecientes a las más de 30 oficinas que funcionan desde Copiapó a Puerto Williams, solo existen 4 que se encuentran contractualmente a contrata.

La mayoría, son considerados solo como prestadores de servicios a honorarios como parte de convenios sostenidos por CONADI con municipios y Gobiernos Regionales, que por lo demás deben someterse a las mismas obligaciones que funcionarixs de planta y contrata, pero sin contrato ni protección laboral. Sin embargo, en las comunas donde funcionan, revisten un valor importante para la ciudadanía ya que establece la presencia de la CONADI en estos espacios territoriales, que algunos  de estos se encuentran muy alejando de los grandes centros urbano y que para las Comunidades es lo más cercano que tienen para atender sus demandas y requerimientos.

En la jornada, lxs trabajadorxs del PIDI dejaron de manifiesto que este programa se ha ido debilitando en términos presupuestarios a tal punto que desde el año 2009 a la fecha, se ha visto disminuido considerablemente la cantidad de funcionarixs a contrata.

No obstante, lo anterior, desde el gobierno de Sebastián Piñera a la actual administración de Michelle Bachelet, el PIDI se ha reorientado en su funcionamiento, ya que tampoco cuenta con recursos propios, como lo fue en su puesta en marcha, lo que ha significado que poco a poco el PIDI ha pasado, de ser una oficina comunal para gestionar promoción y difusión sobre los derechos indígenas, a una oficina solo de atención de público, que debe abordar la demanda actual muy diversa de la población indígena.

A esto se suma, las duras condiciones laborales que deben enfrentar las personas funcionarias apostadas en comunas, como Ralco, Región del Bio Bio, donde el encargado vive en la misma oficina que atiende, y cuyo espacio físico se encuentra en muy mal estado, situación que además se ve empeorada por las condiciones climáticas adversas presentes en la zona, lo que evidencia, por un lado, la precariedad laboral de los trabajadorxs del PIDI, en su gran mayoría mapuche, y el  poco valor que le han dado las autoridades políticas al trabajo de este Programa.

 

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