Comunidad indígena y organizaciones territoriales ingresaron acciones cuestionando el otorgamiento de una concesión marítima para una empresa acuícola en el Estero de Compu sin consulta indígena y en espacio protegido por un ECMPO.
Un recurso de protección contra el Ministerio de Defensa y la Subsecretaria para las Fuerzas Armas fue ingresado por la Comunidad Indígena Histórica Coihuin de Compu en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La acción busca detener el otorgamiento de una concesión marítima en el Estero de Compu.
Las acciones son contra del Decreto Supremo 330 del 15 de febrero de 2024, que otorgó una concesión marítima a la empresa Villa Chaiwa SPA, para la instalación de un proyecto de cultivo y producción de salmónidos.
El proyecto comprende la edificación de dos estructuras, una piscicultura en el sector costero y la generación de infraestructura para el traslado de los peces. A esto se suma otra acción judicial de las mismas características que ingresó la junta de vecinos del sector.
RECURSO PROTECCION
Jaime Marimán, asesor jurídico de la Comunidad Histórica de Coihuin de Compu, señaló que el proyecto tendría efectos en las fuentes de agua dulce del sector, así como también se alega el daño a la biodiversidad marina del Estero de Compu. Uno de los argumentos centrales, explicó, es la inexistencia de un proceso de consulta indígena para el otorgamiento de estos permisos. Además, se trata de una zona en la cual existe un Espacio Costero Marino de Pueblo Originario (ECMPO).
“El argumento principal es que en este procedimiento de otorgamiento de la concesión marítima menor no se realizó la consulta indígena y que se dan todos los requisitos que establece la ley, y que ha ido fijando la jurisprudencia, especialmente de la Corte Suprema. No se atiene a esta doctrina, a la ley y al reglamento, siguiendo adelante sin una consulta en los términos que están establecidos en el convenio 169 de la OIT, por eso estamos confiados en que será admitido, si no es por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, si lo va a ser por la Corte Suprema”, expresó.
Marimán señaló que durante el proceso tampoco tuvieron acceso al expediente que tramitaba el otorgamiento de la concesión marítima, para presentar previamente un recurso de protección. Esto en referencia a la decisión de continuar con un proceso de otorgamiento habiendo un espacio costero protegido. “Lo que pasó con la suspensión lo vamos a conocer una vez que tengamos acceso al expediente, que esperamos que suceda antes de los alegatos en el Corte de Apelaciones”, dijo.
Además, indicó que el proyecto tiene una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). “Las características del proyecto ameritaba un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y esa parte del proyecto ya tiene resolución de calificación ambiental que data de 2017, entonces, lo que estamos haciendo es contra la resolución que otorgó la concesión marítima menor para que este permiso pueda funcionar. Tenemos esperanza, porque el proyecto sin concesión marítima tampoco puede funcionar, no podría ser ejecutado”, dijo.
AFECTACION
El abogado señaló que igualmente ven en el proyecto efectos negativos para las comunidades que están en su entorno, como también sobre la fauna marina de ese espacio.
“El proyecto contempla utilización de agua en un consumo que supera el uso humano y que será extraído desde pozos profundos en la zona de Díaz Lira, aledaña al Estero Compu, el cual se está destinando a la instalación de un Comité de Agua Potable y el proyecto ha arribado que las pruebas de extracción desde las aguas subterráneas no han dado resultado. Además, en el evento de que se ejecute este proyecto, se contempla un emisario submarino para depositar riles y demás desechos en el Estero”, expresó, agregando que además se considera la operación de wellboat para trasladar los peces.
Fuente: El Insular