Por: Comunicaciones Mujeres Originarias por la Defensa del mar
En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) que tuvo lugar del 9 al 13 de Junio del 2025 en Niza (Francia), Chile proyectó una imagen de liderazgo global en la políticas oceánicas anunciado su compromiso por proteger más de la mitad de su océano —superando la meta 30×30—, ser sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar y postularse para co-presidir la próxima Conferencia de los Océanos (UNOC4). Sin embargo, desde esa misma tribuna internacional la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, representando miradas colectivas de los cinco pueblos que la componen —Diaguita, Chango, Mapuche, Kawésqar y Yagán—, junto a La Identidad Territorial Lafkenche y otros liderazgos de pueblos costeros del sur de Chile, expusieron una dolorosa contradicción: el país que busca liderar la conservación marina global ataca e invisibiliza en su propia casa una ley reconocida internacionalmente como modelo de conservación marina inclusiva.
Se trata de la Ley 20.249, que crea los Espacios Costero-Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), una normativa que nace de la lucha legítima de los pueblos originarios. Esta ley permite entregar en administración espacios marino-costeros delimitados a comunidades que han ejercido históricamente su uso consuetudinario con el objetivo de preservar las prácticas tradicionales, conservar los recursos naturales, garantizar el bienestar y vínculo ancestral con el mar, y promover una gobernanza participativa e inclusiva del borde costero entre los diversos actores territoriales. Como explicó Pamela Mayorga Caro, una de las coordinadoras de la Red, durante la conferencia, esta ley es “una herramienta de co-administración que visibiliza y da la oportunidad para que las comunidades tengan una voz democratizada sobre el futuro de sus territorios”.
Mientras Chile aspira a liderar la conservación marina global, sus avances oceánicos no contemplan de manera sustancial las costas continentales y aguas interiores, epicentro de los conflictos socioambientales. Y, paradójicamente, la Ley 20.249, que podría ser una de las herramientas clave para avanzar en este sentido, no forma parte de la agenda oficial de políticas oceánicas del país y, por el contrario, enfrenta fuertes ataques de sectores industriales y políticos que buscan modificarla.
Como reiteró Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU, en varias de sus intervenciones en la Conferencia de los Océanos, y en un reciente artículo publicado en El País, en la construcción de políticas oceánicas efectivas “el reconocimiento de derechos a las comunidades costeras es esencial, pues alrededor de 500 millones de personas dependen de la pesca a pequeña escala y, así como el pueblo mapuche lafkenche, muchas de ellas son pueblos indígenas cuya experiencia sirve para proteger la vida del océano. Sin embargo, en muy pocas ocasiones son incluidas en los procesos de toma de decisiones, a pesar de ser claves para encontrar soluciones.”
Ingrid Echeverría Huequelef, coordinadora de la Red, se pronunció desde Niza afirmando que se trata de “una ley que nació de la espiritualidad del pueblo mapuche lafkenche, siendo una ley inclusiva… pero a raíz del desconocimiento, está siendo atacada muy duramente por las industrias extractivas y por cierto movimiento político de Chile.” Por su parte, Yohana Coñuecar Llancapani, también coordinadora de la Red y representante de pueblos originarios en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, Región de Los Lagos, añadió que como mujeres defensoras del territorio, “sufrimos campañas de odio y racismo, y somos constantemente invisibilizadas por el Estado.”
Esta ley y su defensa se fundamenta en una comprensión profunda del océano que las representantes de la Red expresaron claramente: “El mar es para nosotras un espacio de memoria, sustento, espiritualidad, cultura y trabajo”. Esta perspectiva ancestral, que contrasta marcadamente con las políticas extractivistas de la “Economía Azul” impulsadas por gobiernos e industrias, ofrece alternativas concretas y sostenibles para la protección de los océanos basadas en sistemas de gobernanza comunitaria y conocimientos transmitidos por generaciones. Frente a un modelo que ve el mar como recurso a explotar, las mujeres originarias proponen una relación de reciprocidad y cuidado que ha demostrado su efectividad durante siglos.
Esta visión integral se traduce en una propuesta política concreta y sin ambigüedades: “las políticas públicas no pueden basarse en el centralismo, deben emanar de los territorios. No pueden ser influenciadas por el poder económico de las industrias.” Su posición, forjada en años de resistencia, es inquebrantable: “nosotras como mujeres de mar no permitiremos el retroceso de los derechos que con mucho esfuerzo hemos logrado para nosotras y para la gente que trabaja y vive en la marea, la navega y recolecta no sólo peces, sino también algas, mariscos, a quienes resisten y protege a los espíritus que habitan los territorios.” —Ingrid Echeverría Huequelef.
Esta vez desde la Conferencia de Océanos, mañana desde diferentes territorios costeros de Chile y en noviembre en Belém durante la COP30, la Red de Mujeres Originarias Por la Defensa del Mar mantendrá su voz alzada y seguirá interpelando directamente al Gobierno de Chile, a la FAO, organizaciones internacionales, financiadores, industrias y todos los actores involucrados con la gobernanza del mar.
El mensaje es claro:
Poner fin a la mercantilización del océano en nombre del crecimiento azul y otras medidas de conservación basadas en áreas, que no respetan nuestros derechos ni nuestras formas de vida.
Asegurar un enfoque intercultural y de género transversal en las políticas oceánicas y una participación activa y central de los pueblos originarios y comunidades del mar en la gobernanza marina.
Garantizar la No Regresión de Derechos en los Territorios Costero-Marinos alcanzados a través de legítimos procesos de lucha.
Prevenir, detener y garantizar justicia frente a las amenazas y criminalización de defensoras y defensores del mar.
Exigir coherencia al Gobierno de Chile en la política oceánica para poder postularse como sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar y anfitrión de UNOC4.
La Red reitera una premisa fundamental: asegurar océanos sanos requiere incluir las voces de quienes viven de la pesca, la marisca y la recolección, y habitan las costas quienes comprenden de primera mano la interdependencia entre salud oceánica, actividades humanas y justicia territorial.
Chile debe resolver sus inconsistencias internas y honrar los compromisos y responsabilidades legales con las comunidades, antes de aspirar al reconocimiento de su liderazgo global en políticas oceánicas.
“Chile habla muy bonito afuera, pero en la casa arregle su cuenta” — Pérsida Cheuquenao Aillpán, Presidenta de Identidad Territorial Lafkenche y coordinadora de la Red de Mujeres.
Niza evidenció que esta contradicción no es excepcional, sino parte de una crisis global más profunda donde sigue existiendo una brecha abismal entre el discurso ambiental y la práctica extractivista, ante la cual no cabe ni la complacencia ni el silencio cómplice.
Lee el Llamado a la Acción completo aquí.